UN ENGAÑO DE PELÍCULA

Pedro Morenes, Ministro de Defensa, se dedicaba a las bombas de racimo (ilegales) y a las armas en general. Empezó en la armamentística naval y termino en el armamento de infantería.

La localidad cacereña El Gordo, era uno de los mayores puntos de fabricación de este tipo de bombas, prohibidas en el año 2008 tras el Tratado de Oslo. Aún así, la empresa Instalaza S.A. del que era consejero (desde el 26 de agosto de 2005 hasta el 30 de marzo de 2009 como individuo y hasta mayo de 2011 como miembro de ente jurídico por la empresa Boguillas S.L.) nuestro actual Ministro de Defensa, las mantuvo en venta una vez aprobada la norma. Dicho en otras palabras, la empresa del asesor, ahora Ministro, decidió mantener en venta las bombas de racimo, una vez ilegalizadas para acabar con el Stock en su empresa. Pero aquí no queda la cosa...

El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que Instalaza S.A. había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno la indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España. Esto significa que el Gobierno, podría darle en forma de indemnización al entramado de empresas del Ministro de Defensa 40 millones de dinero público.

Más peligroso aún resulta cuando los Poderes Legislativo y Judicial están absolutamente sometidos al Poder Ejecutivo en nuestro país...

La página de cine online http://www.cine-online.eu/ ha optado por la mofa con un cartel brillante:

Con los medios de comunicación partidistas e interesados de nuestro país nos resulta imposible comprender la realidad. Un ejemplo es la información que dio el mundo para presentar al ministro http://www.elmundo.es/elmundo/tags/b0/pedro-morenes.html en la que, por supuesto, omite los detalles espinosos de su carrera profesional...

ESTADO ACTUAL:

Pedro Morenés sigue siendo Ministro de Defensa y hace aproximadamente un año que abandonó su cargo en Boguillas S.L. en la que trabajaba de consultor para Instanza S.A. Mientras tanto, esta empresa sigue en trámites para obtener una indemnización de 40 millones de euros que podrían salir del erario público.